Humberto Muñoz Grandé
Carlos Chávez Becker
El régimen de donatarias autorizadas en México data del año 1992 y constituye un dispositivo clave en la arquitectura institucional que regula la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. A través de incentivos fiscales, este mecanismo no solo permite canalizar recursos privados hacia fines públicos, sino que también delimita —de manera indirecta, pero decisiva— las condiciones de posibilidad del espacio cívico, en términos de la libertad que los ciudadanos tenemos para asociarnos a las iniciativas solidarias y democráticas, pero también en la medida que ello supone nuestra posibilidad de expresarnos libremente y reunirnos pacíficamente. A la luz de los datos recientes (2020–2025), este régimen está atravesando una fase de transformación caracterizada por una disminución en el número de organizaciones, un aumento en su fragilidad institucional y una creciente concentración territorial y temática.