Humberto Muñoz Grandé
Carlos Chávez Becker

El régimen de donatarias autorizadas en México data del año 1992 y constituye un dispositivo clave en la arquitectura institucional que regula la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. A través de incentivos fiscales, este mecanismo no solo permite canalizar recursos privados hacia fines públicos, sino que también delimita —de manera indirecta, pero decisiva— las condiciones de posibilidad del espacio cívico, en términos de la libertad que los ciudadanos tenemos para asociarnos a las iniciativas solidarias y democráticas, pero también en la medida que ello supone nuestra posibilidad de expresarnos libremente y reunirnos pacíficamente. A la luz de los datos recientes (2020–2025), este régimen está atravesando una fase de transformación caracterizada por una disminución en el número de organizaciones, un aumento en su fragilidad institucional y una creciente concentración territorial y temática.

En días pasados se anunció la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revocar permisos a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos que según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se trató de una “decisión técnica del SAT” (El País, 2026). Sin embargo, más que un ajuste técnico, estos cambios pueden interpretarse como parte de una reconfiguración del campo de la sociedad civil, en el sentido de la sociología relacional, que explica una segunda etapa de la 4T (que continúa la fase inaugurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) en la reconfiguración de la relación del gobierno con las OSC.

Sociedad civil como campo: regulación, capital y desigualdad

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la sociedad civil puede entenderse como un campo estructurado por relaciones de poder y distribución desigual de recursos. Como señala: “los campos son espacios de posiciones objetivas que se definen en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes” (Bourdieu, 1993, p. 72). En este marco, el régimen de donatarias autorizadas opera como un mecanismo de distribución de capital —económico, simbólico y social— que incide directamente en las posiciones que ocupan las organizaciones dentro del campo.

A la luz de esta noticia es interesante analizar el último reporte de donatarias autorizadas de 2025 en México. Los datos muestran un fuerte incremento en las revocaciones, la pérdida de vigencia y el rezago administrativo, lo que puede interpretarse como parte de un proceso de intensificación regulatoria. Este fenómeno se vincula con lo que Michael Edwards denomina la transformación de la sociedad civil en un espacio crecientemente profesionalizado y tecnificado. En sus términos, “la sociedad civil se ha vuelto más orientada a resultados, más profesional y más integrada en sistemas formales de gobernanza” (Edwards, 2014, p. 98). Si bien, esta evolución puede fortalecer la rendición de cuentas, también introduce barreras que excluyen a organizaciones con menores capacidades administrativas y asociaciones orientadas a la incidencia en política y políticas públicas; incómodas siempre para cualquier gobierno.

En el caso mexicano, los datos sugieren que el énfasis en el cumplimiento normativo podría estar desplazando la función de fomento del régimen. Esto genera un entorno donde la permanencia depende cada vez más de habilidades técnicas que de la relevancia social o capacidad política de las organizaciones. Entre los resultados de este reporte, destacan los siguientes:

• Disminución consistente en el número de donatarias en 2024 (-3.62%) y 2025 (-3.39%) que representa una ruptura de una tendencia de crecimiento sostenido.
• Endurecimiento del entorno regulatorio o desincentivos para la permanencia.
• Menor acceso a financiamiento internacional con la caída en donatarias autorizadas para recibir donativos del extranjero (2024–2025).
• Alta mortalidad institucional con un pico de revocaciones en 2023 (454 casos), persistencia de niveles elevados en años posteriores y un número significativo de organizaciones que pierden vigencia; lo que revela dificultades para cumplir con una regulación cada vez más restrictiva.
• Rezago administrativo dado por un incremento continuo del inventario de solicitudes en 2025 que revelan cuellos de botella institucionales que retrasan la entrada de nuevas OSC al sistema de donatarias.
• Reducción en la diversificación de ingresos, mayor vulnerabilidad financiera y una desigualdad territorial dada por una continua y alta concentración en Ciudad de México (25%) y estados del norte/centro y una baja presencia en entidades con mayores rezagos sociales.
• Acceso desigual a recursos filantrópicos y capacidades organizativas mediante una baja diversificación temática: el 63% de las donatarias son asistenciales, con una mínima participación en áreas como: Investigación (1%), Medio ambiente (3%) y Desarrollo estructural (4%). Esto revela un predominio de enfoques reactivos sobre soluciones estructurales.

Así, entre los rasgos más distintivos es la alta concentración de organizaciones en actividades asistenciales, situación persistente desde hace varias décadas. Este predominio puede analizarse críticamente desde la literatura sobre desarrollo y cambio social. Como señala Edwards, “gran parte de la energía de la sociedad civil se ha dirigido hacia la prestación de servicios, en detrimento de su papel en el cambio social y político” (Edwards, 2014, p. 52). Este desplazamiento limita la capacidad de las organizaciones para incidir en las causas estructurales de los problemas que buscan atender.

Información del diario El País, señala que, entre las donatarias a quienes se les revocó el registro están el “Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, centros de investigación sobre política pública y desarrollo económico. También se encuentra el Ateneo Español de México, dedicado a la conservación del acervo y la memoria del exilio republicano; así como Mexicanos Primero, un centro dedicado al análisis de las políticas públicas sobre la educación en México”. La baja presencia de donatarias en áreas como investigación, medio ambiente o incidencia en políticas públicas sugiere un ecosistema con capacidades restringidas para generar transformaciones de largo plazo.

Espacio cívico y restricciones indirectas

Las OSC como fenómeno para explicar lo que sucede en el espectro político de la democracia es insuficiente, su pluralidad, diversidad y contradicciones (lo más relevante para la democracia), paradójicamente reducen la comprensión de lo que sucede porque encuadran la democracia a una sola de sus múltiples formas, lo asociativo. Es entonces que el concepto de espacio cívico permite analizar estas transformaciones más allá de sus dimensiones administrativas. Desde esta perspectiva, las limitaciones al número de organizaciones, al acceso a financiamiento internacional y a la sostenibilidad institucional pueden entenderse como formas de restricción indirecta.

Este enfoque dialoga con la teoría de la esfera pública de Jürgen Habermas, (quien su reciente partida nos deja un hueco difícil del llenar) sostiene que “la esfera pública burguesa puede entenderse ante todo como la esfera de las personas privadas reunidas en calidad de público” (Habermas, 1989, p. 27). La vitalidad de esta esfera depende de la diversidad y autonomía de los actores que la conforman. Así, un ecosistema de sociedad civil más reducido, concentrado y homogéneo implica una esfera pública menos plural, con menores capacidades de deliberación e incidencia.

Desde la perspectiva del espacio cívico, estas dinámicas pueden traducirse en una reducción de la pluralidad y en una menor diversidad de agendas. Como advierte Habermas, la calidad de la vida democrática depende de la existencia de múltiples voces y de su capacidad de interactuar en condiciones relativamente equitativas.

Conclusión: regular sin restringir

El análisis sugiere que el régimen de donatarias autorizadas enfrenta una tensión estructural entre control y fomento. La regulación es necesaria para garantizar transparencia, pero también configura el campo de la sociedad civil y define quién puede participar en él.

En este contexto, resulta fundamental avanzar hacia un modelo que no solo exija cumplimiento, sino que también fortalezca capacidades, reduzca desigualdades y amplíe el acceso al sistema. De lo contrario, la contracción observada podría conducir a una transformación estructural del espacio cívico en México, como ya está sucediendo en El Salvador y Nicaragua, con sus prudentes y contextuales explicaciones.

Referencias

• Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature. Columbia University Press.
• Edwards, M. (2014). Civil society (3rd ed.). Polity Press.
• El País. Marzo 24, 2026. Sheinbaum defiende la cancelación de permisos de 270 ONG para recibir donativos: “Es una decisión técnica del SAT, no una decisión política” https://elpais.com/mexico/2026-03-24/sheinbaum-defiende-la-cancelacion-de-permisos-de-100-ong-para-recibir-donativos-es-una-decision-tecnica-del-sat-no-una-decision-politica.html
• Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.
• Servicio de Administración Tributaria. (2025). Estadísticas de donatarias autorizadas 2020–2025. Gobierno de México.