Carlos G. Torrealba M.
Wanda Cedeño
Humberto Muñoz Grandé
La situación de la sociedad civil en Venezuela hacia marzo de 2026 representa uno de los fenómenos más complejos y paradójicos de la ciencia y sociología políticas contemporáneas en América Latina. Tras más de dos décadas de un cierre sostenido del espacio cívico, el país no presenta un desierto organizacional, sino un «bosque asociativo» bajo fuego. Esta metáfora describe un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que, aunque diverso y bajo asedio institucional, mantiene una vitalidad sorprendente en la documentación de abusos, la respuesta humanitaria y la defensa de derechos fundamentales.
El año 2026 marca un punto de inflexión. Con el ataque estadounidense de enero de ese año, y la posterior aprobación de la Ley de Amnistía en febrero, Venezuela transita por un terreno de incertidumbre política donde la sociedad civil no solo es una observadora, sino un actor determinante en la posible reconstrucción democrática. Este escrito profundiza en un análisis de las estructuras, estrategias y regímenes de control que han moldeado a estos actores a partir de la reconstrucción de lo establecido en un webinar titulado “Civil Society and Civic Space in Venezuela: Fragmentation, Resilience, and Political Uncertainty” de la International Society for Third-Sector Research en el que participaron los autores.
Evolución histórica de la sociedad civil en Venezuela
La trayectoria de la sociedad civil en Venezuela no responde a una secuencia lineal de expansión o declive, sino a un proceso de transformación marcado por ciclos de consolidación, politización, restricción y adaptación. Desde 1958, y a lo largo de las décadas siguientes, el campo asociativo experimentó una expansión sostenida, con la emergencia de organizaciones comunitarias, religiosas y territoriales que se consolidaron progresivamente durante los años ochenta al calor de la descentralización, la provisión de servicios y la promoción de derechos sociales. Este proceso dio lugar a un tejido organizativo amplio, diverso y relativamente institucionalizado, compuesto por ONGs, asociaciones civiles y actores orientados a incidir en políticas públicas (Jácome, 2007; Jácome, 2010).
La llegada del chavismo en 1999 transformó no solo las condiciones de operación de la sociedad civil, sino también el significado político del propio término. En el ciclo de confrontación entre 2002 y 2004, amplios sectores de la oposición se articularon bajo la noción de “sociedad civil”, dotándola de una fuerte carga partidista y contribuyendo a su progresiva politización (Smilde, 2009). Este periodo estuvo caracterizado por la conformación de coaliciones cívico-políticas amplias, en las que organizaciones sociales, actores corporativos y partidos convergieron en escenarios de alta movilización y conflicto, lo que a su vez profundizó la polarización del campo asociativo.
A partir de mediados de la década de 2000, el despliegue del modelo participativo impulsado desde el Estado reconfiguró las formas de organización y participación, promoviendo estructuras vinculadas al Ejecutivo al tiempo que restringía los márgenes de acción de actores autónomos (López Maya, 2011; Smilde, 2009; Wilde, 2017). Este proceso dio lugar a una sociedad civil segmentada entre organizaciones integradas a las dinámicas estatales y otras que, desde posiciones más enfrentadas al Estado, se desarrollaban en condiciones cada vez más adversas. Entre 2005 y 2014, esta tensión se tradujo en una combinación de institucionalización dirigida, fragmentación y pérdida de espacios de pluralidad efectiva.
Desde 2015, con la profundización de la crisis política, económica y humanitaria, se inaugura una nueva fase marcada por el cierre progresivo del espacio cívico. Las organizaciones enfrentaron restricciones legales, financieras y operativas, así como dinámicas de vigilancia, criminalización y represión directa (Jiménez et al., 2021). En este contexto, con la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja, y las protestas masivas de 2017, surgió una nueva ola de activismo. De hecho, el 63% de las OSC actuales dedicadas a DD.HH. nacieron después de 2014, impulsadas por la necesidad de documentar detenciones arbitrarias y gestionar la crisis de salud y alimentación (Equilibrium, 2021b).
Este análisis se puede enriquecer si se articula con el marco conceptual de Ernesto Isunza Vera y Adrián Gurza Lavalle (2024) sobre los «regímenes de control social». De hecho, para el caso venezolano, la mencionada polarización del campo asociativo podría entenderse como lo que denominan los autores como régimen bimodal de la control social compuesto de dos espacios globales de interacción socioestatal:
- Participación institucionalizada y controlada. El Estado promueve formas de participación que tienden a ser controladas por la estructura del partido de gobierno (Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV). En este caso se destacan los Consejos Comunales y las Comunas.
- OSC enfrentadas al Estado. Simultáneamente, el Estado desplaza a las organizaciones que intentan ejercer una «rendición de cuentas social» (social accountability) autónoma. Este brazo opera mediante un marco legal restrictivo que ha evolucionado en hitos clave:
- 2010: Restricción del financiamiento externo para fines políticos.
- 2021: Registro obligatorio ante oficinas de lucha contra el terrorismo.
- 2024: La «Ley Anti-ONG» (Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG), que otorga facultades discrecionales al Ejecutivo para disolver organizaciones bajo etiquetas de «fascismo» o «incitación al odio».
En este contexto, la evidencia empírica disponible permite caracterizar a la sociedad civil venezolana como un sector profesionalizado, pero estructuralmente frágil. Por un lado, existe una marcada centralización territorial: el 56% de las organizaciones se concentran en el Distrito Capital y Miranda (Equilibrium, 2021a), lo que genera brechas significativas en regiones periféricas donde las violaciones de derechos humanos tienden a ocurrir con menor visibilidad. Por otro lado, la mayoría de estas organizaciones son de pequeña escala —con menos de diez empleados— (Equilibrium, 2021b), lo que las expone a vulnerabilidades económicas, pero también les otorga cierta flexibilidad para operar mediante esquemas de coordinación más informales.
Frente a estas restricciones, la sociedad civil ha desarrollado estrategias de supervivencia basadas en una creciente especialización funcional (Jiménez et al., 2021). En lugar de estructuras generalistas, el campo organizativo se ha segmentado en nichos relativamente diferenciados que dificultan su desarticulación simultánea. En el ámbito de justicia y derechos humanos, las organizaciones han orientado sus esfuerzos hacia el litigio internacional y la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas. En el plano humanitario, han asumido un rol clave en la gestión de redes de asistencia en articulación con agencias internacionales, lo que introduce ciertos márgenes de protección. Por su parte, en el campo de la libertad de expresión, se observa una transformación de medios tradicionales hacia plataformas digitales resilientes, muchas veces operando desde el anonimato o el exilio.
Estas transformaciones se inscriben en un cambio más amplio en los repertorios de acción. Ante el endurecimiento del conflicto político y la creciente represión, las organizaciones han transitado de estrategias de incidencia pública hacia esquemas de visibilidad estratégica (Jiménez et al., 2021), en los que la exposición se gestiona de manera selectiva. A diferencia de contextos democráticos, donde la visibilidad es un recurso central de eficacia, en Venezuela la sostenibilidad organizativa suele depender de la capacidad de operar con discreción.
En paralelo, se han observado reconfiguraciones organizativas que combinan anclajes locales con proyecciones internacionales. En términos generales, diversas iniciativas han tendido a articular dinámicas territoriales con estructuras jurídicas o redes de apoyo en el exterior, lo que permite diversificar riesgos y sostener la continuidad de sus actividades. Más que responder a un modelo uniforme, estas configuraciones adoptan formas flexibles que facilitan tanto la protección organizativa como la interlocución con instancias internacionales de derechos humanos. Asimismo, los mecanismos de coordinación descansan en capacidades relacionales: trayectorias compartidas, reputación organizacional y aprendizajes acumulados, acompañados de criterios generales de gestión de riesgos y protección de la información que permiten sostener niveles mínimos de articulación en contextos de alta incertidumbre (Parejo et al., 2021).
Así pues, el cierre del espacio cívico en Venezuela ha evolucionado hacia formas de represión más selectivas, sofisticadas y silenciosas, que combinan marcos legales restrictivos, criminalización del activismo y mecanismos informales de control como la vigilancia digital, el hostigamiento judicial y la estigmatización pública. En este contexto, las OSC, en particular las defensoras de derechos humanos enfrentan una vulnerabilidad agravada, no solo por la persecución estatal, sino también por dinámicas de género que intensifican su exposición al riesgo. La represión ha desbordado el ámbito organizativo para instalarse en la vida cotidiana, generando estados permanentes de hipervigilancia, autocensura y fragmentación del tejido social, en los que incluso los vínculos familiares y comunitarios se ven afectados (Ecualia, 2026).
En este entorno, la resiliencia de las defensoras de derechos humanos no se expresa como resistencia abierta, sino como una profunda reconfiguración de sus prácticas, identidades y formas de organización. El activismo ha transitado hacia esquemas de “clandestinidad estratégica”, donde la invisibilidad, el silencio y el cuidado colectivo se convierten en condiciones de posibilidad para la acción. Esta adaptación implica tanto la transformación de las organizaciones como la centralidad de las redes de apoyo emocional y de las “familias elegidas” que sostienen la continuidad del trabajo. A pesar de los costos personales, económicos y psicológicos, persiste una “esperanza activa” orientada a la documentación de violaciones de derechos humanos como fundamento de una futura memoria histórica y de eventuales procesos de justicia transicional (Ecualia, 2026).
El escenario abierto en 2026, sin embargo, introduce nuevos dilemas. Tras el arresto de Nicolás Maduro en enero y la aprobación de una Ley de Amnistía en febrero, la sociedad civil atraviesa debates fundamentales sobre justicia, paz y reconstrucción institucional. Una primera posición, de carácter pragmático, prioriza la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la persecución como condición para la reorganización del sistema político. Una segunda perspectiva, anclada en los principios de justicia transicional, advierte sobre los riesgos de una amnistía sin mecanismos de verdad, reparación y rendición de cuentas, argumentando que ello podría sentar las bases de futuros ciclos de conflicto. Finalmente, emerge una tercera mirada centrada en las víctimas, impulsada por redes que surgen desde experiencias directas de violencia y que buscan reconfigurar la legitimidad de la acción colectiva más allá de los circuitos tradicionales de la sociedad civil.
Escenarios de futuro: ¿reforestación del bosque o nuevo cierre?
De cara al futuro, pueden delinearse tres trayectorias posibles para la evolución del bosque asociativo venezolano. Un primer escenario de cierre continuado, en el que la persistencia de estructuras coercitivas mantendría vigentes las restricciones actuales, profundizando la informalidad y precarización. Un segundo escenario de apertura parcial, caracterizado por arreglos transaccionales en los que se permite la operación de organizaciones a cambio de limitar su incidencia política. Un tercer escenario de reconstrucción democrática implicaría la derogación de marcos restrictivos, la recuperación de capacidades organizativas —incluyendo aquellas en el exilio— y un rol activo de la sociedad civil en la garantía de procesos de rendición de cuentas y reconstrucción institucional.
En este contexto, la sociedad civil venezolana aparece menos como un conjunto estático de organizaciones que como una trama dinámica de actores (árboles) que han desarrollado capacidades para operar en condiciones de alta adversidad. Su resiliencia radica en su capacidad de adaptación y reconfiguración. A pesar de las restricciones impuestas desde el Estado, persisten entramados relacionales, capacidades de documentación y compromisos normativos que sostienen la posibilidad de una futura regeneración. En este sentido, el año 2026 implica el desafío de transitar de la resistencia a la reconstrucción de una institucionalidad democrática capaz de garantizar, de manera sostenida, la apertura del espacio cívico.
El caso de Venezuela ilustra bien el modelo de gobernanza jerárquica (Kooiman, 2003) que explica la relación entre sociedad civil y gobierno. Un modelo en el que el poder del ejecutivo es tal que domina tanto el espacio político gubernamental (administración pública per se, organismos autónomos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial) como la administración y constreñimiento del espacio cívico habitado por las OSC. En este blog hemos revisado otros casos de gobernanza jerárquica en sus diferentes manifestaciones, como el de Nicaragua (Muñoz Grandé y Chávez Becker, 2005) y el de El Salvador (Muñoz Grandé y Aguilar, 2025). Estas lecciones nos invitan a profundizar en el análisis sobre la forma en la que los gobiernos de tendencia jerárquica en Latinoamérica están reduciendo intencionalmente el espacio cívico mediante la imposición de restricciones administrativas por un lado, y la creación de instituciones, leyes de vigilancia y de control, por el otro.
La lección llevada al caso de las OSC en México es clara y se parece mucho a la fábula de la rana hervida que narra que si la ponemos en agua hirviendo, naturalmente saltará de manera inmediata para salvarse; en cambio, si la colocamos en agua tibia y lentamente la vamos calentando, entonces se acostumbrará al aumento de temperatura y morirá sin intentar escapar. Con el expresidente Andrés Manuel López Obrador la flama estuvo en su momento más alto, una fórmula marcada por la beligerancia discursiva, el estrangulamiento financiero y la invisibilidad de las OSC en la planeación y ejecución de políticas públicas. Hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solamente no hay un cambio en el discurso, simplemente no hay discurso sobre el tema, lo que sí persiste es la agresión fiscal selectiva a las OSC. Esperemos que no sea muy tarde para poder reaccionar.
REFERENCIAS
Equalia (2026). “Voces que resisten”. Disponible en: https://equalia.ong/voces-que-resisten-informe-especial-2026/
Equilibrium (2021a). Situación de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: Una mirada a las capacidades institucionales del sector de promoción y defensa de los derechos humanos, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE).
Equilibrium (2021b). Mapeo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela. Una caracterización del tercer sector venezolano. Sector piloto: Educación e investigación, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE).
Isunza, E. I. y Gurza Lavalle, A. (2024). Democratizing the State: Social Accountability and Social Control Regimes in Mexico and Brazil (Vol. 3). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
Jácome, F. (2007). La sociedad civil en Venezuela: tendencias actuales (1999-2006). In Sorj, B., y Oliveira, M. (eds). Sociedad civil y democracia en América Latina: crisis y reinvención de la política. Centro Edelstein de Pesquisa Social.
Jácome, F. (2010). La sociedad civil en el marco de la Revolución Bolivariana y del Socialismo del siglo XXI (1999-2009). In Pismarato et al. (ed). Hugo Chávez. Una década en el poder. Editorial Universidad del Rosario.
Jiménez, M., Trujillo, E. and Leonardo Osorio (2021). Desarrollar la resiliencia en contextos autoritarios: lecciones de Venezuela en perspectiva comparada. Centro de Derechos Humanos, UCAB.
Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, (págs. 171-194). Barcelona.
López Maya, M. (2011). Democracia participativa en Venezuela. Orígenes, percepciones y desafíos. Caracas: Centro Gumilla.
Muñoz Grandé, Humberto y Aguilar Vásquez, Luis Eduardo. (13 de octubre de 20205). Gobernanza jerárquica y espacio cívico en El Salvador: del Bukelismo al Bukelato. Blog Incidencia Pública y Espacio Cívico. Laboratorio de Movimientos Sociales (LAOMS). Universidad Nacional Autónoma de México. https://incidencia.laoms.org/2025/10/13/gobernanza-jerarquica-espacio-civico-salvador-del-bukelismo-al-bukelato/
Muñoz Grandé, Humberto y Chávez Becker, Carlos. (29 de abril de 20205). Gobernanza jerárquica y espacio cívico en Nicaragua. Blog Incidencia Pública y Espacio Cívico. Laboratorio de Movimientos Sociales (LAOMS). Universidad Nacional Autónoma de México. https://incidencia.laoms.org/2025/04/29/gobernanza-jerarquica-espacio-civico-nicaragua/#comment-38429
Parejo, J., Martins, G., Pacheco, V. and Luiz Panhoca (2021). “Tercer Sector, de las Primeras Huellas a la Rendición de Cuentas: Casos Brasil y Venezuela”. Revista Gestão & Conexões, 10(3): 80–102.
Smilde, D. (2009). “Three Stages in the Chávez Government’s Approach to Participation,” in Understanding Populism and Political Participation: The Case of Venezuela, ed. Adam T. Stubits, Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program.
Wilde, M. (2017). “Contested Spaces: The Communal Councils and Participatory Democracy in Chávez’s Venezuela”. Latin American Perspectives, 44(1), 140–158.
