La fábula de la rana hervida narra que, si la ponemos en agua hirviendo, naturalmente saltará de manera inmediata para salvarse; en cambio, si la colocamos en agua tibia y lentamente la vamos calentando, entonces se acostumbrará al aumento de temperatura y morirá sin intentar escapar. Esta metáfora, que nos alerta ante la falta de reacción frente cambios súbitos riesgosos, se puede aplicar al caso mexicano de la relación entre el gobierno y la sociedad civil de los últimos ocho años.
No es que durante los gobiernos del PRI y del PAN de 1994 a 2018 hayamos tenido una etapa de romance o siquiera de co-gobernanza horizontal, nada por el estilo, en esa época sucedieron también tensiones como las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo que con cierto desdén afirmó ante la ONU que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no le iban a decir al gobierno como gobernar, o la cooptación de buena parte de los donativos privados destinados a la Fundación Vamos México, una organización cuasi gubernamental dirigida por la esposa del presidente Vicente Fox; o el intento de reformar la legislación fiscal para que las OSC tuvieran un tratamiento impositivo similar al de las empresas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón; o el uso del software Pegasus para espiar a líderes de organizaciones civiles en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, estos y otros momentos de tensión palidecen frente al distanciamiento que inició desde los primeros días del gobierno de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, al parecer, continuará en la segunda etapa de la 4T con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La primera etapa de la 4T marcó el inicio de una estrategia de enfrentamiento contra las OSC por diversas razones, unas ideológicas, otras políticas y unas más pragmáticas. Las razones ideológicas se explican por una confrontación intelectual en el pensamiento del presidente López Obrador entre las nociones de pueblo (sabio y pulcro) contra las de sociedad civil (fifi y burguesa); los razonamientos políticos se explican por la incomodidad que supone todo contrapeso o control al ejercicio de gobierno, en donde las OSC críticas al régimen se interponen a la voluntad presidencial; finalmente, las razones pragmáticas se relacionan con el entorpecimiento de la relación directa entre el presidente y su pueblo, donde las OSC se vuelven intermediarias en la provisión de bienes y servicios públicos para la población.
Así, la primera etapa de la 4T se distinguió por la casi eliminación de las OSC en la planeación nacional del desarrollo, a diferencia de los sexenios anteriores donde las OSC fueron mencionadas entre 15 y 7 ocasiones en Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el sexenio de 2019 a 2024 se referenciaron solamente en dos ocasiones, además se suspendió la evaluación anual de política pública de fomento a las OSC que era elaborada de manera independiente por universidades, se desmantelaron diversos mecanismos de participación ciudadana en donde actores gubernamentales y sociales debatían las diferentes políticas públicas, y, desde luego se presentó una narrativa de agresión constante hacia las OSC desde las conferencias mañaneras.
Sin embargo, tal vez la estrategia más agresiva se concentró en el estrangulamiento financiero. Primeramente, con la eliminación del Fondo de Coinversión Social con más de 26 años de existencia y la publicación de la Circular Uno para eliminar todo financiamiento público a las OSC. En segundo lugar, el intento de frenar el financiamiento privado y de cooperación internacional hacia las organizaciones civiles bajo la argumentación de injerencia y vulneración a la soberanía nacional (algo que en otros espacios he documentado en el caso de El Salvador, Nicaragua y Brasil). En tercer lugar, está la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que eliminó la posibilidad de deducibilidad de donativos de personas físicas; así como la Miscelánea Fiscal de 2021 por la cual las donatarias autorizadas con ingresos superiores al 50% por actividades no relacionadas con su objeto social pueden perder su estatus de donataria.
La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en 2024 generó diversas especulaciones respecto de cómo sería la relación con las OSC. Se auguraban en su momento dos posibilidades, la primera caracterizada por una continuidad que suponía no dar marcha atrás a los cambios heredados por el presidente López Obrador, por un lado, o la segunda posibilidad consistía en una gradual y silenciosa reconciliación con las OSC. Tan tímida y progresiva que no incomodara al expresidente López Obrador. Esta última especulación tenía cierto fundamento basado en la convicción democrática de la presidenta y de sus antecedentes en cuanto a su relación con las organizaciones civiles cuando fue Jefa de Gobierno de la CDMX.
A más de un año de gobierno, los hechos revelan, igual que en el sexenio previo, solamente dos menciones a las OSC en el PND 2025-2030, aunque una narrativa mucho menos beligerante en las conferencias mañaneras, que contrasta un recorte del 30% respecto de 2023 del financiamiento público a las OSC. En meses pasados se anunció la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revocar permisos a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos, una noticia que contrasta con el anuncio de hace también unos meses, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador invitaba a los ciudadanos a aportar recursos a la organización Humanidad con América Latina, una organización que recibió la autorización del SAT el 9 de marzo de 2026 para funcionar como donataria autorizada hasta 2030. Lo que llamó la atención por la rapidez del trámite en comparación con el tiempo habitual (aprobada en 20 días frente a meses que suelen tardar otras organizaciones). En la literatura académica a este tipo de organizaciones alineadas al régimen o creadas por el propio gobierno se les denomina Loyal Society un término que revela el uso de organizaciones como mecanismo de legitimidad de los gobiernos en turno.
Pareciera que la rana, las OSC, continúa sumergida en el agua, a la cual el gobierno por momentos le baja la flama narrativa, pero le aumenta la llama y la frecuencia de la agresión institucional y financiera.
