Incidencia pública en México: perspectivas locales Miguel De la Vega

Las experiencias de incidencia en políticas públicas locales quizá constituyan algunos de los ejemplos más antiguos en el ejercicio del derecho de participación para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México, entendiendo éstas como las diversas expresiones de participación en los asuntos públicos de la ciudadanía, ya sea a través de instituciones que cuentan con existencia legal, o agrupaciones y movimientos sociales que no han requerido de constituirse para poder realizar aportes sociales de importancia.

El carácter intermedio de dichas organizaciones, que combina su naturaleza privada con su vocación pública, les permite exentarse de los compromisos partidistas y de la burocracia que puede afectar a dependencias gubernamentales; mientras que por otro lado también pueden actuar libres de los intereses motivados por el afán de lucro, como es el caso de los corporativos y empresas, para enfocarse en la promoción de causas sociales. Sin embargo los factores que le otorgan flexibilidad: instituciones de pequeño tamaño, con mayor o menor grado de profesionalización y con recursos siempre escasos, en ocasiones constituyen su propia debilidad. La capacidad de influencia que una OSC pueda aprovechar no se basa en un capital político o en su poder económico como los demás sectores. Las OSC deben construir su propio poder de influencia a través de adquirir conocimiento técnico; incrementar su capital social y el grado de confianza de otros hacia la misma; en la articulación de diversos actores y finalmente por medio de procurar la permanencia de sus acciones estratégicas en el tiempo, entre muchos otros aspectos de la profesionalización (no confundir con la institucionalización).

Se trata de un actor con ventajas y desventajas propias de su naturaleza mixta y que pareciera adquirir en ocasiones, sin ser representante de la ciudadanía, una cierta representatividad moral (sustentada ya sea en su conocimiento técnico, nivel de confianza, experiencia o presencia pública) para la defensa o promoción de causas ciudadanas. Esto ocurre frente a las instancias gubernamentales más pequeñas hasta aquellas a nivel federal.

Sin depender de qué niveles ocurran los esfuerzos de incidencia el proceso de fortalecimiento de las OSC para consolidar capacidades adecuadas a las causas que pretenden defender se enfrenta de manera particular ante el entorno político, social y económico. Esto es relevante ya que el emprendimiento de iniciativas de incidencia locales no implica una menor complejidad. Las experiencias de descentralización impulsadas por gobiernos federales han facilitado que numerosos municipios y estados operen bajo la antigua lógica caciquil que permite poco o ningún margen de acción ciudadana y niega, en la práctica, un interés por construir gobiernos democráticos, llegando, en casos, a extremos de represión, violación de derechos y silenciamiento de la sociedad civil organizada. Estos son aspectos del entorno que las OSC deben necesariamente tomar en cuenta dentro de sus procesos de preparación para poder ejercer un contrapeso ciudadano.

La historia de represión a las organizaciones ciudadanas en América Latina han demostrado que las OSC son doblemente necesarias en escenarios adversos puesto que tienen la posibilidad de erigirse en islas de democratización, espacios de acción, equilibrio y denuncia, de forma que los ideales de respeto irrestricto a derechos humanos, transparencia y democracia logren permear de fromas mas o menos efectivas a los gobiernos, aún considerando su adaptación a usos y costumbres en un país multicultural y tan diverso como el nuestro.

Varias experiencias exitosas a nivel local han sido desarrolladas por organizaciones sin existencia legal, tales como colectivos, grupos vecinales, movimientos ciudadanos, etc. Lo cual nos indica que si bien el desarrollo de capacidades pareciera incrementar las posibilidades de incidencia no necesariamente aplica el contar con el requisito de actuar bajo el amparo de una OSC constituida. Muchos aprendizajes pueden extraerse de los casos de experiencias ya sistematizadas, sin embargo las OSC a veces priorizan un enfoque más pragmático en desmedro de la planeación y/o análisis de capacidades requeridas con respecto al entorno particular que tienen que enfrentar y al respecto de cuáles han sido los errores y aciertos de aquellos que les precedieron incluso en otros territorios. El equilibrio entre acción y reflexión significaría curvas de aprendizaje reducidas para las acciones ciudadanas.

Es en ese sentido que el foro en la materia realizado en febrero 2015 por el Laboratorio de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS) en la UNAM, constituye un ejercicio de reflexión colectiva que refleja la pluralidad, da a conocer experiencias diversas en la temática y visiones heterogéneas, a veces encontradas y las mas complementarias, que dan cuenta de cuáles han sido los retos enfrentados para incidir de parte de las organizaciones civiles en el ámbito de lo local, sus opciones y los retos que vislumbran para si mismos y para el sector.

Muchas voces coincidieron en la necesidad de ampliar las capacidades de los ciudadanos y las propias organizaciones civiles. Las formas y aspectos del fortalecimiento son elementos que dan forma a discusiones amplias en este y otros foros y que seguramente resultará en diversos modelos de fortalecimiento. Los ejercicios son valiosos siempre y cuando no descuidemos que, en ocasiones, la construcción de capacidades puede mermar la propia flexibilidad y espontaneidad de algunos movimientos sin necesariamente brindarle más efectividad a su orientación. El fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas no debiera significar pérdida en cuanto a la apropiación de las causas sino un profundizar en la posibilidad de las mismas. El ejercicio, entonces, se convierte en un juego de equilibrios: buscar mantener la participación colectiva, que se traduce en acciones sustentadas en ciudadanos, comunidades y grupos específicos, pero simultáneamente abrirse a la posibilidad de incorporar actores externos del tipo aliados nacionales o extranjeros, financiadores o facilitadores. La articulación con instituciones de naturaleza distinta, pero con las que pueden compartirse fines e ideas, no deslegitima a los movimientos siempre y cuando la presencia de nuevos aliados no comprometan su finalidad social. Vislumbrar el objeto de incidencia y diferenciarlo de los medios que facilitan su alcance permite considerar la construcción de diálogo con interlocutores que no por sostener visiones distintas son necesariamente antagónicos. La concepción del diálogo dentro de un marco de gobernanza abre la posibilidad de encontrar bases comunes y coincidencia con funcionarios, legisladores, entes corporativos, instituciones académicas y por supuesto otras organizaciones y movimientos, que actúen bajo los mismos supuestos, para idealmente diseñar, ejecutar y evaluar en conjunto políticas públicas diversas. Al final del día todos somos ciudadanos y es el interés y los derechos ciudadanos los que deberían prevalecer y ser defendidos en un genuino ejercicio democrático.

Mejorar las capacidades entonces es un ejercicio no solo de profesionalización, sino de empatar las características que demanda el entorno de la causa con aquellas que requieren los grupos organizados en cuanto el desarrollo de habilidades técnicas, la procuración de recursos que den sustento a su causa en el largo plazo y por su puesto del establecimiento de relaciones con otros sectores, actores e instituciones. El capital social se repite como elemento clave en búsqueda del equilibrio. Al final no debemos olvidar que esa doble naturaleza de las OSC que hablamos al comienzo, ser privado con vocación pública, pone a las organizaciones conformadas por la ciudadanía en una posición única, cuya capacidad de interlocución al final solo puede ser limitada por ellas mismas. La historia se ha encargado de mostrarnos que ni siquiera los entornos más represivos y antidemocráticos han podido acallar las múltiples voces de la ciudadanía. Esta tiende a persistir, mucho tiempo después que los actores partidistas han desaparecido y tiende también  a triunfar en cuanto a la preservación y avance de sus derechos. Este foro nos ha demostrado a través de varias experiencias que México no es la excepción y que su sociedad civil organizada, si bien está en vías de profesionalización, también cuenta ya con experiencia y articulación suficiente para hacer de contrapeso ante aquellos que añoran un pasado con una sociedad civil subyugada al Estado. Esos tiempos hace mucho se acabaron ya.

Miguel De la Vega

Director Ejecutivo de Sustenta Ciudadanía, Consultoría e investigación para el fortalecimiento de OSC. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Cuenta con estudios de especialidad realizados en México y Chile. En su carrera profesional se ha dedicado de forma exclusiva al trabajo con organizaciones de la sociedad civil (OSC). Ha participado en procesos de incidencia y articulación sobre el marco fiscal federal y la primera ley estatal sobre derechos de la infancia en Puebla. Es profesor en la Universidad ORT, Ciudad de México (dedicada al sector social) y coordinó para México el proyecto de investigación sobre el marco normativo para la sociedad civil en conjunto con el International Center for Non-Profit Law en Washington, D. C. e investigadores de seis países de América Latina. Actualmente brinda servicios de consultoría a OSC, redes, así como a fundaciones donantes y fortalecedoras en temas diversos de fortalecimiento e incidencia en política pública.

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