Innovar para defender la democracia: la solidaridad internacional frente a la autocratización en América LatinaArturo Flores, Armando Chaguaceda, César Santos, Carlos Chávez Becker y Humberto Muñoz Grandé

Arturo Flores
Armando Chaguaceda
César Santos
Carlos Chávez Becker
Humberto Muñoz Grandé

La reducción del espacio cívico y el avance de procesos de autocratización plantean un desafío que trasciende las fronteras nacionales. Frente a la cooperación autocrática, la solidaridad democrática propone fortalecer la acción colectiva, las redes transnacionales y las capacidades de prevención para defender y profundizar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades democráticas.

El pasado 13 de agosto, los autores de este artículo participamos en el webinar “Reimaginar la democracia en autocracias. Innovación cívica, solidaridad y resiliencia”. La iniciativa fue producto de una preocupación compartida entre investigadores, activistas y organizaciones sociales y académicas dedicadas a observar, analizar, divulgar, alertar; pero también proponer acciones ciudadanas en defensa de la democracia.

Las siguientes líneas dan cuenta del debate y las reflexiones entre los panelistas y los participantes. La redacción proviene del audio original sistematizado y estructurado con el apoyo de Jacqueline Cabrera, estudiante del Doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Anáhuac México; y posteriormente ordenado, en algunas secciones, con el uso de Inteligencia Artificial.

Una democracia que se disputa también en el espacio cívico

La democracia en América Latina y el Caribe enfrenta hoy desafíos que van más allá de la competencia electoral. En distintos países de la región se han reducido espacios fundamentales para la acción ciudadana: la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libertad de asociación. Estas restricciones coinciden, en algunos casos, con formas de gobernanza cada vez más jerárquicas, procesos de autocratización y liderazgos populistas de distinto signo ideológico. No se trata de afirmar que todos estos fenómenos sean equivalentes ni que todos los países atraviesen la misma trayectoria. La región presenta diferencias significativas en sus instituciones, actores y culturas políticas. Sin embargo, existe una preocupación compartida: ¿qué ocurre con la democracia cuando las condiciones que permiten a la ciudadanía organizarse, expresarse y cuestionar al poder comienzan a deteriorarse?

Esta pregunta estuvo en el centro del webinar. La conversación reunió perspectivas provenientes de la academia, la investigación aplicada y el activismo, y permitió poner en diálogo dos conceptos particularmente relevantes: la innovación y la solidaridad democráticas. En torno a ellos apareció una preocupación de fondo: si los procesos de autocratización pueden aprender, cooperar y reproducirse entre contextos nacionales, quienes defienden la democracia también necesitan desarrollar capacidades de cooperación, aprendizaje y acción más allá de las fronteras.

La autocratización no ocurre en aislamiento

Un primer elemento para comprender este escenario es reconocer que los procesos de autocratización no pueden analizarse exclusivamente desde las decisiones de los gobiernos. La discusión introdujo el concepto de cooperación autocrática para referirse a un fenómeno en el que participan diversos actores y no solamente los regímenes políticos. Pueden intervenir gobiernos, movimientos intelectuales e incluso actores que forman parte de la sociedad civil, pero que respaldan proyectos autoritarios. Esta observación resulta relevante porque permite mirar la disputa democrática como un fenómeno que también ocurre entre organizaciones, movimientos, redes e ideas. Los procesos políticos no se producen únicamente dentro de las instituciones estatales: existen actores sociales que pueden contribuir a defender el orden democrático, pero también otros que pueden favorecer proyectos de concentración del poder.

La cooperación autocrática puede entenderse como el reverso de otro fenómeno que requiere mayor atención: la solidaridad democrática. Si existen capacidades de cooperación que favorecen proyectos autoritarios, también resulta necesario construir capacidades de cooperación entre quienes buscan defender y profundizar la democracia.

Solidaridad democrática: un concepto en construcción

Durante la conversación se propuso entender la solidaridad democrática como un concepto en construcción, pero con una definición general que permite identificar su orientación: se trata de una práctica de acción colectiva, multiactor y transnacional que busca la defensa, restauración y profundización del Estado de derecho, los derechos humanos, la democracia y la gobernanza democrática. Esta definición implica superar una concepción de la democracia como un conjunto de unidades nacionales aisladas.

Las amenazas a las libertades democráticas pueden atravesar fronteras. Una práctica desarrollada en un país puede convertirse en referencia para actores de otros países. Del mismo modo, una experiencia de resistencia, organización o defensa de derechos puede ofrecer aprendizajes a quienes enfrentan problemas semejantes en otros contextos. La solidaridad democrática supone, por tanto, reconocer una forma de corresponsabilidad democrática más allá de las fronteras nacionales. Esta corresponsabilidad no significa desconocer las particularidades de cada país. Por el contrario, parte de reconocerlas. Pero las diferencias nacionales no deberían impedir la construcción de espacios de aprendizaje y articulación regional. El desafío consiste en evitar que las sociedades descubran demasiado tarde que aquello que parecía una experiencia distante podía convertirse en una posibilidad propia.

Una dimensión normativa que no puede diluirse

La solidaridad democrática no puede reducirse a una disposición genérica a “apoyar la democracia”. También requiere claridad sobre aquello que se busca defender.

En la discusión se identificó una dimensión normativa vinculada con los principios del constitucionalismo democrático liberal: separación de poderes, legalidad, protección de las minorías, libertades civiles, rendición de cuentas y autonomía de la sociedad civil.

El pluralismo supone aceptar diferencias entre sociedades, proyectos políticos y formas de organización institucional. Pero el pluralismo no significa que cualquier régimen pueda ser considerado democrático con independencia de la manera en que ejerce el poder o de las libertades que garantiza. Por ello, una estrategia de solidaridad democrática necesita partir de un consenso normativo básico. No se trata de uniformar las experiencias democráticas de la región, sino de establecer los principios mínimos que hacen posible hablar de democracia y de defensa democrática. Entre ellos se encuentra, de manera central, la autonomía de la sociedad civil.

La sociedad civil como protagonista

La defensa de la democracia suele analizarse desde una perspectiva centrada en el Estado: instituciones electorales, poderes públicos, sistemas de justicia y gobiernos. Sin embargo, una democracia también depende de la existencia de actores sociales capaces de organizarse de manera autónoma.

Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos, las redes académicas y los periodistas ocupan un lugar central en esta dimensión. Su función no se limita a reaccionar ante las decisiones de los gobiernos. También pueden producir información, documentar cambios, generar conocimiento, construir redes y advertir sobre transformaciones que afectan al espacio cívico. Esta dimensión social y cívica es particularmente importante cuando las instituciones estatales comienzan a perder capacidad de control y rendición de cuentas. La sociedad civil puede convertirse entonces en un espacio de vigilancia y resistencia democrática, pero también de innovación. Puede crear formas de colaboración que no dependen exclusivamente de los canales institucionales existentes. Esto plantea, sin embargo, una tarea pendiente: reconocerse a sí misma como un conjunto de actores de solidaridad democrática.La defensa de las libertades no debería depender únicamente de organizaciones especializadas en democracia o derechos humanos. También requiere que distintos sectores de la sociedad civil comprendan que el deterioro del espacio cívico en otro país puede contener señales relevantes para su propio contexto.

De la reacción a la prevención

Uno de los puntos estratégicos más importantes de la conversación fue la necesidad de que la solidaridad democrática tenga un carácter activo y preventivo, y no sea únicamente una respuesta frente a las crisis. Esta distinción cambia significativamente la manera de pensar la defensa democrática. Una respuesta exclusivamente reactiva aparece cuando el daño ya está hecho: cuando las libertades han sido restringidas, las organizaciones debilitadas o las instituciones transformadas. La prevención, en cambio, exige prestar atención a las señales tempranas y construir capacidades antes de que una crisis se consolide.

Las experiencias de países con distintos grados de autocratización pueden ser útiles precisamente por eso. No solamente como objetos de estudio o como casos frente a los cuales expresar solidaridad, sino como fuentes de aprendizaje. El problema aparece cuando una sociedad considera que la experiencia de otro país es demasiado distante o excepcional y solo comienza a prestarle atención cuando prácticas similares empiezan a reproducirse en su propio territorio. En ese momento, las posibilidades de aprendizaje pueden haberse reducido. La prevención democrática implica, por ello, desarrollar mecanismos permanentes de observación, intercambio y articulación entre actores de distintos países.

Aprender entre países antes de que sea demasiado tarde

La experiencia latinoamericana ofrece una oportunidad singular para este tipo de aprendizaje. La región comparte una historia de autoritarismos, transiciones políticas, movilización social y construcción de instituciones democráticas, pero también presenta experiencias contemporáneas muy diferentes respecto del cierre o la apertura del espacio cívico.

La diversidad regional permite observar distintos grados y modalidades de transformación. En lugar de considerar estos procesos como realidades completamente separadas, la solidaridad democrática propone construir puentes entre quienes los estudian y quienes los enfrentan directamente. Esto significa fortalecer redes entre organizaciones sociales, movimientos, investigadores, periodistas y otros actores comprometidos con la democracia. También significa generar canales para compartir información y experiencias antes de que las respuestas tengan que desarrollarse bajo condiciones de emergencia. La cooperación democrática tendría así una función doble: apoyar a quienes ya enfrentan procesos de cierre del espacio cívico y, al mismo tiempo, contribuir a prevenir que esos procesos se reproduzcan en otros lugares.

Innovar para sostener la democracia

Hablar de innovación democrática en contextos autoritarios obliga, entonces, a ampliar el significado de innovación. Innovar no consiste únicamente en diseñar nuevos mecanismos de participación o nuevas instituciones. También implica desarrollar nuevas formas de organización y cooperación para defender las condiciones que permiten la participación democrática.

En contextos de reducción del espacio cívico, una innovación puede consistir en crear redes de solidaridad, mecanismos de intercambio de información, comunidades de aprendizaje o alianzas capaces de responder colectivamente frente a restricciones que afectan a la sociedad civil. La innovación democrática puede ser, en este sentido, tanto institucional como social y transnacional.

Esta perspectiva permite conectar dos problemas que a menudo se estudian por separado: la transformación de las instituciones democráticas y la capacidad de la sociedad civil para actuar frente a ellas. Si el autoritarismo puede adaptarse, aprender y establecer redes de cooperación, la defensa de la democracia necesita también desarrollar capacidades dinámicas de adaptación y cooperación.

Una agenda compartida para la defensa del espacio cívico

De la discusión surge una agenda con cinco puntos que coloca en el centro la capacidad de las sociedades para anticiparse al deterioro democrático.

Primero, se debe reconocer que el espacio cívico es una dimensión sustantiva de la democracia. Las libertades de expresión, asociación y reunión no son elementos secundarios, sino condiciones para que la ciudadanía pueda participar y ejercer control sobre el poder. La propia discusión del webinar partió de la preocupación por la reducción de estas libertades en distintos países de América Latina y el Caribe.

Segundo, fortalecer las capacidades de cooperación democrática transnacional. La experiencia de otros países puede ofrecer señales y aprendizajes que permitan anticipar riesgos.

Tercero, mantener claridad sobre los principios normativos que se busca defender. La solidaridad democrática requiere un consenso básico alrededor del Estado de derecho, los derechos humanos, las libertades civiles, la separación de poderes, la protección de las minorías y la autonomía de la sociedad civil.

Cuarto, pasar de la reacción a la prevención. Defender la democracia cuando una crisis ya se encuentra plenamente instalada es indispensable, pero construir capacidades antes de que esa crisis ocurra puede ser aún más importante.

Defender la democracia antes de perderla

La principal lección de la conversación quizá sea que la democracia no puede darse por sentada. Tampoco puede defenderse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales ni reducirse al funcionamiento de las instituciones electorales. La democracia necesita ciudadanos y organizaciones capaces de asociarse, expresarse, reunirse y actuar de manera autónoma. Cuando esas condiciones se deterioran, también se reduce la capacidad de una sociedad para imaginar alternativas y construir respuestas colectivas.

Frente a la cooperación autocrática, la solidaridad democrática propone una respuesta basada en la acción colectiva, la articulación transnacional y el aprendizaje compartido. Su carácter preventivo obliga a mirar más allá de las crisis inmediatas y a reconocer que los procesos de autocratización pueden avanzar gradualmente. La tarea consiste, por tanto, en construir capacidades democráticas antes de que sean indispensables. En una región marcada por experiencias diversas de democratización y autoritarismo, aprender de los procesos que ocurren en otros países no es solamente un ejercicio académico. Puede ser una estrategia de prevención.

Defender el espacio cívico en un país también significa prestar atención a lo que ocurre en los demás. Construir solidaridad democrática no es únicamente apoyar a quienes enfrentan hoy el cierre de sus libertades: es también contribuir a que otras sociedades puedan reconocer esas señales a tiempo.

La democracia se defiende en las instituciones, pero también en las redes, en las organizaciones y en los vínculos que las sociedades construyen entre sí. En contextos de autocratización, esa capacidad de actuar colectivamente puede convertirse en una de sus formas más importantes de innovación.

Armando Chaguaceda

Integrante de UnidOSC / Profesor de El Colegio de Veracruz / Investigador en Gobierno y Análisis Político AC. Politólogo e historiador. Especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en Latinoamérica -con especialización en Cuba, México, Nicaragua y Venezuela- y Rusia.

Carlos Chávez Becker

Profesor Investigador de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2013. Está adscrito al Departamento de Procesos Sociales y cuenta con el reconocimiento de "perfil deseable" PRODEP. Es coordinador del Cuerpo Académico "Gobernanza, Participación Ciudadana, Cohesión y Capital Social en los ámbitos urbano y rural". Fue hasta 2018 representante del sector académico, profesional, científico y cultural en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión Intersecretarial de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno Federal y miembro y co-fundador de la Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo. Sus líneas de investigación son gobernanza, sociedad civil, participación ciudadana, acción colectiva y procesos de democratización.

Humberto Muñoz Grandé

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestro en Administración Pública y Licenciado en Finanzas. Tiene publicaciones científicas, capítulos en libro y libros de autoría producto de más de 12 años investigando la relación entre gobierno y sociedad civil en México y algunos países de Latinoamérica; así como temas relacionados con responsabilidad social en dependencias gubernamentales y en las organizaciones de la sociedad civil. Es Coordinador del Doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad y docente de posgrado en la Universidad Anáhuac, y de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Es Miembro del Executive Board de la International Society for Third Sector Research (ISTR), así como del Comité Editorial del International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations, y de otros comités académicos de diversas universidades. Es investigador invitado de Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS) del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde el 09 de abril de 2025. Fue Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, desde donde promovió el marco institucional de fomento a los derechos de las OSC a nivel nacional y local. Consultor para la OCDE y la OPS/OMS. En el gobierno federal mexicano fue director general adjunto de análisis político en la Secretaría de Gobernación, asesor en el Senado de la República y Secretario Técnico en la Secretaría de Salud.

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