Las experiencias de incidencia en políticas públicas locales quizá constituyan algunos de los ejemplos más antiguos en el ejercicio del derecho de participación para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México, entendiendo éstas como las diversas expresiones de participación en los asuntos públicos de la ciudadanía, ya sea a través de instituciones que cuentan con existencia legal, o agrupaciones y movimientos sociales que no han requerido de constituirse para poder realizar aportes sociales de importancia.

El carácter intermedio de dichas organizaciones, que combina su naturaleza privada con su vocación pública, les permite exentarse de los compromisos partidistas y de la burocracia que puede afectar a dependencias gubernamentales; mientras que por otro lado también pueden actuar libres de los intereses motivados por el afán de lucro, como es el caso de los corporativos y empresas, para enfocarse en la promoción de causas sociales. Sin embargo los factores que le otorgan flexibilidad: instituciones de pequeño tamaño, con mayor o menor grado de profesionalización y con recursos siempre escasos, en ocasiones constituyen su propia debilidad. La capacidad de influencia que una OSC pueda aprovechar no se basa en un capital político o en su poder económico como los demás sectores. Las OSC deben construir su propio poder de influencia a través de adquirir conocimiento técnico; incrementar su capital social y el grado de confianza de otros hacia la misma; en la articulación de diversos actores y finalmente por medio de procurar la permanencia de sus acciones estratégicas en el tiempo, entre muchos otros aspectos de la profesionalización (no confundir con la institucionalización). Continuar leyendo…