En diciembre de 2013 se promulgaba en México la primera fase de la reforma energética, con la modificación de diversos artículos constitucionales. En tanto su norte fundamental consistía en ampliar la participación privada en el sector, la reforma se ha considerado una vuelta al pasado, o mejor, un giro de 180° respecto a la nacionalización de 1938. En consecuencia, las negociaciones correspondientes estuvieron acompañadas por un amplio movimiento de oposición, en el que participaron diversas OSC, fundamentalmente por la vía de promover una consulta popular auspiciada por el PRD, y que tropezó con la negativa de la SCJN. Acto seguido, el 30 de abril de 2014, comenzaban las labores de formulación, discusión y aprobación de las leyes secundarias. A lo largo de esta etapa, se perfilaron preocupaciones más concretas sobre las consecuencias fiscales, para los Derechos Humanos, el impacto ambiental, y en todos los casos, para la pervivencia del modelo de desarrollo asumido por el país desde principios de los 80s.Fue en ese ambiente donde cobró protagonismo otra modalidad de incidencia de las OSC, en su oposición a lo que se entreveía como un corpus legal favorable al desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica denominada fracking o fractura hidráulica.
En sentido estricto, el activismo de las OSC contrarias al avance del fracking en México se había organizado antes de que la reforma energética entrara en escena. El mismo fue espoleado por el avance de esta modalidad industrial en el país, cuyas primeras avanzadillas se fechan en torno a 2003, para sumar en la actualidad más de 924 pozos perforados según una pesquisa de la organización Cartocrítica,[1] mientras se estima que al menos una veintena de ellos se explotan ya comercialmente. Aún cuando este tipo de actividades no dejan de ser marginales para un país convencionalmente petrolero, su repercusión social ha ido en ascenso, entrelazándose con otras problemáticas como violaciones de los derechos humanos, reclamos de acceso al agua o reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios, comunidades campesinas, etc. Cómo muestran distintas experiencias, la resistencia a este tipo de extractivismo se compone de diversos actores, en un arco que abarca desde asociaciones formadas espontáneamente entre vecinos afectados, por lo general de zonas rurales o poco urbanizadas, hasta organizaciones ambientalistas altamente profesionalizadas, entre quienes se van tejiendo redes de solidaridad en virtud de un rechazo común a los efectos nocivos que conlleva la técnica. Por otra parte, la incursión de los partidos políticos parece signada por motivaciones coyunturales, salvo en el caso de partidos de larga tradición ambientalista. Así también parece haber ocurrido en el contexto mexicano a lo largo de toda una década, dando lugar a un tejido organizacional que explicaría el surgimiento de la “Alianza Mexicana contra el Fracking” casi en paralelo al inicio de las negociaciones de la reforma energética.[2]
Como fue mencionado, al iniciarse el debate abierto por los cambios en materia constitucional, la estrategia más visible desde el campo conformado por las OSC fue sumarse a la iniciativa de someter a consulta popular la reforma en su conjunto. [3] No obstante, a nivel más específico la citada Alianza comenzó igualmente a operar desde los inicios de la reforma, si bien por la vía de movilizar a la opinión pública sobre los riesgos asociados a la fractura hidráulica. Pero en cierta medida, es posible observar entre ambas iniciativas una suerte de reemplazo. Es decir, a medida que decaen las esperanzas cifradas en la consulta -toda vez que la ley reglamentaria aprobada a tales efectos en febrero de 2014 contenía evidentes cortapisas- el movimiento de oposición al fracking fue ganando protagonismo, coincidiendo con la nueva etapa que abría la discusión de las leyes secundarias. De hecho, podría considerarse una de las variantes en que la llamada sociedad civil organizada se mantuvo en la cuerda de incidir sobre la formulación legal de estas políticas. Y este resulta uno de los aspectos más llamativos de la incidencia en materia energética, a diferencia de otros casos, aquí las OSC tratan de afectar al núcleo duro del proceso de las políticas públicas, el momento de su definición legal.
Dadas las metas de impactar en el ejercicio de las funciones legislativas, el movimiento de resistencia al fracking representado por la citada Alianza tuvo que articularse con los actores por excelencia del juego político institucional: los partidos. El primer signo de su influjo, puede rastrearse en el proyecto de promover una ley específica para la prohibición del fracking, presentada el 20 de abril de 2014 por diputados del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Tres meses después, el 17 de julio la Alianza entregaba en ambas Cámaras una recopilación de 10 mil firmas exigiendo la normativa fuera aprobada. Al día siguiente de esta acción, en la discusión final la Ley de Hidrocarburos, senadores del PRD propusieron que en los artículos 19 y 20 de la misma, se prohibiera expresamente este tipo de tecnologías. Este guiño a los reclamos de las organizaciones ciudadanas resultó no obstante infructuoso. Por el momento, tampoco parece haber tenido mejor suerte la iniciativa de Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, que a diferencia de otras 21 leyes secundarias de la reforma, no alcanzará a tramitarse en la LXII legislatura a punto de concluir, pues continúa pendiente de dictamen de distintas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado.
Ante la inercia que parece amenazar a este proyecto de ley, la Alianza mexicana contra el fracking, ha optado por continuar movilizando a la opinión pública. Para este fin, se ha apoyado en la plataforma que brinda la conocida –y controversial- red Avaaz. De lo anterior, sólo interesa destacar ahora la intención de los miembros de la Alianza de conferir proyección internacional a una campaña de recolección de firmas, destinada a urgir a los parlamentarios mexicanos para que aprueben la citada ley. Y en este punto, el movimiento antifracking mexicano coincide una vez más con otras experiencias similares de resistencia a esta actividad, que fuertemente influenciadas por el ecologismo asumen el principio de que cualquier acción local procure al mismo tiempo una proyección global.
Más allá de esa estrategia de incidencia en las “afueras”, al interior de las instituciones el panorama es más bien sombrío. Importante es notar que la Ley para la Prohibición de la Fractura Hidráulica va a contracorriente de las directrices fundamentales de la reforma energética, mismas que han sido aprobadas por las mayoritarias votaciones orquestadas por el PRI y el PAN, y ante las cuales han tenido peso nulo las objeciones esgrimidas por la oposición. Otro indicio reciente de que en el terreno institucional lo que avanza no es precisamente la prohibición del fracking, resulta el dictamen favorable que diversas comisiones de la Cámara de Diputados confirieron al proyecto de Ley de Aguas durante el pasado mes de marzo, texto que según especialistas calza con las demandas de recursos hídricos inherente a la fractura hidráulica.[4]Asimismo, la manera en que se viene implementando la consulta previa a los pobladores de zonas afectadas por nuevas exploraciones petroleras, tampoco presagia un futuro halagüeño para quienes se oponen a una práctica destacable por su carácter invasivo. De hecho, previendo nuevas violaciones al derecho de consulta o de acceso al territorio en las comunidades afectadas, la Alianza Mexicana contra el fracking se sumó a la iniciativa de otras OSC de solicitar una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[5] Dado el carácter no vinculante de las resoluciones de la CIDH, la estrategia se cifra una vez más en incidir sobre la opinión pública internacional.
Finalmente, parece oportuno un breve balance sobre las principales dificultades constatadas por las organizaciones que se resisten a la expansión de la fractura hidráulica en México. Un primer reto es el de articular su trabajo como estructuras profesionales con fuerzas sociales como campesinos, asociaciones vecinales o comunidades indígenas, sin descuidar los nexos con los partidos políticos, asumiendo la difícil función de bisagra entre estos intereses. En el mismo sentido, no se verifica como algo fácil entretejer un horizonte programático que en el caso del fracking está siempre en riesgo de desplazarse entre la prohibición condicionada (siendo esta por ejemplo la posición del Centro Mexicano de Derecho Ambiental[6]) o por el contrario, la negativa total a este tipo de explotaciones en aras de promover una transición energética hacia fuentes renovables (más en la línea de la Alianza Mexicana contra el Fracking). Por otra parte, aparecen las tensiones entre una ciudadanía capaz de utilizar recursos legales y mecanismos de participación, y la saga de maniobras de los lobbies industriales aventajados en llegar a arreglos políticos al más alto nivel. En este sentido, el manejo atinado de las coyunturas se demuestra un activo fundamental en las iniciativas de las organizaciones anti-fracking. Por último, las posibilidades abiertas por la globalización, las redes de solidaridad y de asesoría que se promueven a este nivel, deben combinarse con lo que sea posible avanzar a nivel local, sin suponer que el relativo éxito en uno de estos terrenos, tendrá repercusiones automáticas sobre el otro. Particularmente a nivel nacional, la difícil solución de las trabas institucionales comentadas, mueve a pensar en el trabajo a nivel estadual, cohesionando las bases del movimiento de resistencia, algo que quizá permitiría acumular fuerzas para la prohibición al menos local de esta práctica. Al respecto, el uso de la iniciativa legislativa popular, se presenta como una herramienta útil en los Estados donde esa posibilidad esté contemplada.
[1] Información disponible desde internet en http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/ con acceso 29-06-2015
[2] Aunque con toda probabilidad las organizaciones que componen la Alianza trabajaban en conjunto desde antes, fijamos el inicio oficial de la misma de acuerdo a la publicación de su documento base en agosto de 2013. Cfr.: http://nofrackingmexico.org/documento-base/ con acceso 15-06-2015
[3]A este respecto, es destacable la participación de organizaciones como Alianza Cívica, Deca Equipo Pueblo, o el Observatorio Ciudadano de la Energía en el Consejo Nacional Ciudadano organizado por el PRD en su tentativa de frenar la reforma por la vía de la consulta popular. Detalles en: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/31/politica/013n1pol con acceso 22-05-2015. Asimismo, otras OSC como Alternancia, Voces Ciudadanas y Fundar se sumaron a la campaña “El Grito más fuerte” también orientada a exigir una consulta.
[4]En el foro «Agua: ¿derecho o privilegio?» organizado por la Universidad Iberoamericana el pasado 19 de marzo, se señaló que el texto dictaminado maneja los conceptos de administración y uso comercial de los recursos hidráulicos, pero no incluye planteamientos de sustentabilidad. Ver comunicado de prensa del evento en http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2490# con acceso 1-07-2015. Por su parte, Anaid Velasco Ramírez, coordinadora del Área de Investigación del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental ha manifestado que la propuesta coloca la prioridad en los usos industriales, quedando en un segundo plano las necesidades de consumo de la población.http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/27/nueva-ley-de-aguas-plantea-reducir-el-liquido-que-le-toca-a-cada-mexicano con acceso 1-07-2015
[5] Detalles sobre esta audiencia realizada el pasado 20 de marzo en http://fundar.org.mx/una-reforma-energetica-que-viola-nuestros-derechos/#.VZRbPht_Oko con acceso 1-07-2015
[6]Ver declaraciones en http://www.cemda.org.mx/regulacion-de-fracking-en-mexico-debera-priorizar-el-acceso-al-agua-para-las-personas-y-proteccion-al-medio-ambiente-cemda/ con acceso 2-07-2015
