En diciembre de 2013 se promulgaba en México la primera fase de la reforma energética, con la modificación de diversos artículos constitucionales. En tanto su norte fundamental consistía en ampliar la participación privada en el sector,  la reforma se ha considerado una vuelta al pasado, o mejor, un giro de 180° respecto a la  nacionalización de 1938. En consecuencia, las negociaciones correspondientes estuvieron acompañadas por un amplio movimiento de oposición, en el que participaron diversas OSC, fundamentalmente por la vía de promover una consulta popular auspiciada por el PRD, y que tropezó con la negativa de la SCJN.  Acto seguido, el 30 de abril de 2014, comenzaban las labores de formulación, discusión y aprobación de las leyes secundarias. A lo largo de esta etapa, se perfilaron preocupaciones más concretas sobre las consecuencias fiscales,  para los Derechos Humanos, el impacto ambiental, y en todos los casos, para la pervivencia del modelo de desarrollo asumido por el país desde principios de los 80s.Fue en ese ambiente donde cobró protagonismo otra modalidad de incidencia de las OSC, en su oposición a lo que se entreveía como un corpus legal favorable al desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica denominada fracking o fractura hidráulica. Continuar leyendo…