La existencia de leyes e instituciones para garantizar, tutelar y promover el derecho de acceso a la información (DAI en adelante) se ha vuelto un elemento indispensable de las democracias actuales. El caso de México, es emblemático a nivel internacional por la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en la construcción y consolidación del marco regulatorio sobre derecho de acceso a la información pública, así como en la vigilancia y colaboración en la implementación de las disposiciones.

La sociedad civil y el desarrollo del derecho de acceso a la información en el marco legal.

El origen del derecho en el orden constitucional lo podemos encontrar con la reforma política de 1977, en el que se introdujo al artículo sexto que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” (DOF, 06-12-1977), sin embargo, el reconocimiento y desarrollo del mismo tal y como lo entendemos ahora pasó por un largo recorrido que duraría décadas y en el que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel protagónico.

En un inicio la SCJN interpretó el derecho a la información como la referida a las opiniones de los partidos políticos; en los noventas el máximo tribunal lo vinculó con el derecho a la verdad, indispensable para crear una conciencia ciudadana; y posteriormente, como una garantía individual, en el año 2000. De la mano con las modificaciones en la interpretación del derecho, la coyuntura de la alternancia partidista en el Ejecutivo federal y el fortalecimiento de organizaciones civiles y periodísticas, formaron la ecuación precisa para la construcción de modificaciones más trascendentales respecto al DAI.

La cuestión de la transparencia gubernamental y el derecho a saber de las personas ingresó al debate público como una necesidad inaplazable para reducir la secrecía que permitió el manejo patrimonial de los recursos públicos a las burocracias del régimen de partido único. Al respecto, destaca la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicas y periodísticas, que se aglutinaron en el grupo Oaxaca, e impulsaron y cabildearon un marco jurídico para el ejercicio periodístico, académico y sobre todo la vigilancia ciudadana del poder público a través del derecho a acceder a información pública en manos de los gobiernos (Luna, 2009).

Derivado de los trabajos de este grupo de personas destacadas, se logró ingresar el tema en la agenda de la primera administración de la alternancia partidista; y en 2002 se publicó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que  se convirtió en un modelo a seguir para los países en desarrollo, pues tomó en cuenta muchas de las recomendaciones y buenas prácticas a nivel internacional (Mendel, 2008). Con esto, se dio un paso fundamental para regular la producción y entrega de información pública.

Sin duda, la aprobación de esta ley atendiendo los comentarios y sugerencias de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y periodísticas, fue un logro excepcional para nuestra aún joven democracia. No obstante, en la implementación de las legislaciones comenzaron a hacerse evidentes las inercias burocráticas de décadas de partido único y las resistencias hacia el interior de las administraciones públicas que violaban el espíritu de la legislación.

En este punto, las organizaciones de la sociedad civil y la academia jugaron un papel sumamente importante para visibilizar y las prácticas remanentes del régimen de partido único en las entidades federativas, contrarias al derecho de acceso a la información.  Estudios como los de FUNDAR, CIDE, Artículo 19, Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA, México Infórmate, entre otros, denunciaron la homogeneidad en cuanto a normatividades locales, capacidades institucionales, de recursos y procedimientos, así como los vicios en la publicación y entrega de información, que continuaban siendo una problemática para una efectiva garantía del DAI en todo el país.

Con base en la información generada por estudios académicos y de la sociedad civil, con estudios como la Métrica de la Transparencia (CIDE), el Índice Nacional de los órganos garantes del derecho a la información (México Infórmate – Artículo 19), entre otros, se tuvieron elementos suficientes para impulsar y cabildear otra reforma constitucional, la de 2007, que elevó a la Carta Magna algunos principios como la independencia de los organismos garantes. Además, con la elaboración de estos ejercicios se continuó visibilizando la necesidad de contar un marco jurídico con alcances nacionales que no tuviera vacíos aprovechables por las leyes locales para violentar el derecho.

En la reforma constitucional de 2014, las organizaciones de la sociedad civil volvieron a ser protagonistas en las propuestas, discusión y aprobación de la normatividad. A través del Colectivo por la Transparencia, que aglutinó a más de una docena de OSC’s, se logró la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que de acuerdo con el Índice Global del Derecho a la Información, es la mejor legislación en la materia en el mundo. (Access Info Europe – Center for Law and Democracy, 2016).

La colaboración con proyectos de difusión del DAI con poblaciones vulnerables.

Además de la colaboración en la elaboración de la normatividad y las reformas legales, también existen experiencias de trabajo conjunto en la implementación de proyectos relacionados con el DAI. Uno de los momentos más importantes en la colaboración entre ambos sectores fue el Proyecto Comunidades (2005 – 2007), realizado por el IFAI con el apoyo financiero de la William and Flora Hewlett Foundation, orientado en acercar el derecho de acceso a la información a la población a través de proyectos de intervención a grupos vulnerables de la población desarrollados por OSC’s (Zermeño, 2010).

Aunque este ejercicio ofreció elementos valiosos para la construcción de estrategias para promover el DAI, en el año 2008 se eliminó el presupuesto del Proyecto Comunidades, con el rechazo de organizaciones civiles y académicas.[1] Después de ello, los esquemas de colaboración para acercar el derecho a las poblaciones en vulnerabilidad se congelaron durante alrededor de 7 años. Sin embargo, los diagnósticos y estudios sobre la implementación del DAI desarrollados las organizaciones académicas y civiles continuaron visibilizando los retos de la política.

Con la entrada en vigor de la LGTAIP, se cuentan ahora con elementos que permitirán una nueva etapa de colaboración de OSC’s en temas como la cultura de la transparencia y la promoción del DAI. Al respecto, en 2015, el INAI y el Indesol incluyeron el fomento del DAI en su programa de convocatorias. Bajo este esquema, se llevaron a cabo 15 proyectos para la promoción y difusión de estos derechos, a través de distintas actividades como talleres y pláticas dirigidas a poblaciones en vulnerabilidad en distintas entidades federativas.

En ese mismo año, comenzó a operar el ‘Programa de Sensibilización de Derechos de acceso a la información y protección de datos personales’ (PROSEDE), que tiene por objetivos incentivar y fortalecer el ejercicio del DAI en la población vulnerable, además de extender el conocimiento sobre la utilidad del DAI.  Bajo un esquema de convocatorias a OSC´s, y con tres ediciones, se han apoyado alrededor de 40 proyectos de intervención para la sensibilización del DAI en grupos de mujeres, indígenas, migrantes, jóvenes, entre otros, en algunos casos vinculados con ejercicios de contraloría social, y la vigilancia de recursos públicos.

La búsqueda de metodologías y herramientas para acercar el derecho las OSC’s también han sido protagonistas. Por ejemplo, Artículo 19 ha desarrollado un programa de fomento del DAI con mujeres indígenas de Chiapas y Tabasco, auspiciado por la misma fundación internacional que financió el proyecto Comunidades IFAI. El proyecto resulta novedoso porque utiliza herramientas de intervención comunitaria para conocer los problemas de las comunidades y su posible resolución con información pública, además que lo vincula con el ejercicio de otras temáticas como la igualdad de las mujeres, la defensa del territorio y el derecho a la salud (Artículo 19, 2017)

Las OSC´s en las políticas de transparencia y acceso a la información, el futuro de una agenda conjunta.

La participación de las OSC´s ha sido fundamental en la construcción del entramado jurídico del derecho de acceso a la información y el desarrollo de las políticas en la materia tal y como las conocemos ahora. Desde la aprobación de las modificaciones legales, el monitoreo y vigilancia en la aplicación de la normatividad, a través de métricas y ejercicios de evaluación y los proyectos de intervención social para cumplir con la importante tarea de acercar el DAI a los sectores desfavorecidos de la población.

El éxito de las políticas de transparencia y acceso a la información requieren profundizar los esquemas de colaboración entre los organismos garantes del derecho, los sujetos obligados, la academia y las OSC’s, para lograr acciones cuyos resultados e impactos puedan ser observados y verificados. Al respecto, la realización de actividades y vigilancia por actores no gubernamentales, además de los programas de colaboración para llegar a poblaciones en vulnerabilidad son un buen punto de partida que se deben consolidar con erogaciones presupuestales suficientes que permitan a las OSC´s realizar estas actividades de forma continua y profesional.

México cuenta con un entramado jurídico e institucional único en el mundo que posibilitará la construcción de políticas públicas en la materia, lo que hace necesario mejorar los espacios y mecanismos de colaboración y diálogo que se han construido entre los actores no gubernamentales y la academia y sociedad civil para la implementación de la normatividad y el logro de instituciones transparentes y democráticas.

Notas

[1] Ver: Velasco, Elizabeth. 1 de febrero de 2008. “Reclaman ONG a Lujambio fin del Proyecto Comunidades.” La Jornada, versión online. Consultado en: goo.gl/BG6SxM

Fuentes consultadas

Access Info Europe, Centre for Law and Democracy, 2016. “Índice Global del Derecho a la Información.” Disponible en www.rti-rating.org/

Ackerman, John e Irma Sandoval. “Leyes de acceso a la información en el mundo.” Cuadernos de Transparencia no. 7. IFAI, 2005.

Artículo 19, México – Centroamérica. “Transparencia proactiva: informe de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM).” 2017.

Fox, Jonathan y Libby Haight. “Las reformas a favor de la transparencia: teoría y práctica” en Derecho a Saber. Balance y Perspectivas Cívicas. Consultado el 20 de octubre de 2015 en: http://goo.gl/8sDHuJ

Luna Pla, Issa. “Movimiento social del derecho de acceso a la información en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.” UNAM. México. 2009.

___________. “The social focus of public information”. Voices of Mexico. 2011.

Merino, Mauricio. “El desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de acceso a la información pública en las entidades federativas de México”. Colección Documentos de Trabajo No. 169. Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. 2005.

Mendel, Toby. “Libertad de Información: Comparación Jurídica.” UNESCO. París, 2008.

Zermeño N. F., Domínguez P. M. y Chávez L. A. El acceso a la información en comunidades marginadas. UNAM- EPADEQ, México, 2010.