ICNL lanza informe regional sobre el entorno legal para las organizaciones de sociedad civil en las Américas Jocelyn Nieva

En las Américas y alrededor del mundo, las personas se asocian para enfrentar colectivamente problemas compartidos. El derecho fundamental de la libertad de asociación, consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, requiere que los Estados respeten y promuevan el pleno gozo del derecho de las personas a colaborar en asociaciones y otras formas legales de organizaciones de sociedad civil (OSC). Estos instrumentos legales establecen justificaciones muy limitadas, interpretadas estrictamente, para que un Estado pueda legítimamente restringir la libertad de asociación: las restricciones deben ser previstas por ley y necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Sin embargo, en países de América Latina de diferentes orientaciones ideológicas y características demográficas y económicas, el entorno legal en que operan las OSC limita el ejercicio de la libertad de asociación por motivos que no conforman con este estándar, o no la promueve de manera transparente. Continuar leyendo…

Impacto de la normatividad en el desarrollo de la sociedad civil mexicana Miguel de la Vega y Artemisa Montes

Nuestro trabajo busca contribuir al diálogo dirigido a la construcción de políticas públicas para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que permitan sustentar un marco habilitante para el ejercicio pleno del derecho de libertad de asociación de acuerdo a los principios internacionales en la materia. Buscamos actualizar y demostrar el impacto que tienen las políticas normativas para la sociedad civil organizada en México y como pueden incentivar o inhibir el desarrollo institucional y la propia viabilidad de las iniciativas generadas desde la ciudadanía. Consideramos que existen evidencias suficientes en el marco actual para afirmar que, tanto en la regulación como en las prácticas gubernamentales derivadas, existen obstáculos al desarrollo de las organizaciones en tres temas fundamentales Continuar leyendo…

Incidencia pública en México: perspectivas locales Miguel De la Vega

Las experiencias de incidencia en políticas públicas locales quizá constituyan algunos de los ejemplos más antiguos en el ejercicio del derecho de participación para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México, entendiendo éstas como las diversas expresiones de participación en los asuntos públicos de la ciudadanía, ya sea a través de instituciones que cuentan con existencia legal, o agrupaciones y movimientos sociales que no han requerido de constituirse para poder realizar aportes sociales de importancia.

El carácter intermedio de dichas organizaciones, que combina su naturaleza privada con su vocación pública, les permite exentarse de los compromisos partidistas y de la burocracia que puede afectar a dependencias gubernamentales; mientras que por otro lado también pueden actuar libres de los intereses motivados por el afán de lucro, como es el caso de los corporativos y empresas, para enfocarse en la promoción de causas sociales. Sin embargo los factores que le otorgan flexibilidad: instituciones de pequeño tamaño, con mayor o menor grado de profesionalización y con recursos siempre escasos, en ocasiones constituyen su propia debilidad. La capacidad de influencia que una OSC pueda aprovechar no se basa en un capital político o en su poder económico como los demás sectores. Las OSC deben construir su propio poder de influencia a través de adquirir conocimiento técnico; incrementar su capital social y el grado de confianza de otros hacia la misma; en la articulación de diversos actores y finalmente por medio de procurar la permanencia de sus acciones estratégicas en el tiempo, entre muchos otros aspectos de la profesionalización (no confundir con la institucionalización). Continuar leyendo…

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México: ¿una propuesta fallida? Fernando Montoya

La crisis económica mundial de 2008-2009, originada en Estados Unidos, tuvo consecuencias importantes sobre México, dado el alto grado de integración de ambas economías. Durante 2009 el Producto Interno Bruto de México (PIB) disminuyó 6.5 por ciento en términos reales; contracción que no se había observado en 70 años y más severa incluso que la ocurrida durante 1995, cuando el PIB se redujo 6.2 por ciento, según indica Estudios económicos de la OCDE: México, 2011.

Si bien hubo afectación económica, la Ciudad de México y su área conurbada mantuvieron los mayores niveles de población, influencia económica y política, con respecto a los demás centros de población del país. En 2009 las entidades que más contribuyeron al Producto Interno Bruto total fueron el Distrito Federal con 17. 6 por ciento, Estado de México con 9.2 por ciento, Nuevo León con 7.3 por ciento y Jalisco con 6.3 por ciento. Campeche, Guanajuato, Tabasco, Puebla y Chihuahua, también registraron porcentajes significativos. Este grupo de entidades generó el 64.1% del producto total. Continuar leyendo…