Impacto de la normatividad en el desarrollo de la sociedad civil mexicana Miguel de la Vega y Artemisa Montes

Nuestro trabajo busca contribuir al diálogo dirigido a la construcción de políticas públicas para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que permitan sustentar un marco habilitante para el ejercicio pleno del derecho de libertad de asociación de acuerdo a los principios internacionales en la materia. Buscamos actualizar y demostrar el impacto que tienen las políticas normativas para la sociedad civil organizada en México y como pueden incentivar o inhibir el desarrollo institucional y la propia viabilidad de las iniciativas generadas desde la ciudadanía. Consideramos que existen evidencias suficientes en el marco actual para afirmar que, tanto en la regulación como en las prácticas gubernamentales derivadas, existen obstáculos al desarrollo de las organizaciones en tres temas fundamentales: restricciones a la libertad de asociación, discrecionalidad en la distribución de subsidios públicos y carencia de espacios y prácticas efectivas de participación de las OSC en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, relacionadas estas con las diversas causas, temas y actividades que dichas organizaciones implementan.

La investigación apunta a ofrecer respuestas para la parte que corresponde a la administración pública federal, pero con hallazgos a ser tomados en cuenta y replicados en gobiernos locales, en cuanto a su responsabilidad con respecto al fortalecimiento de la sociedad civil. Para tal efecto procuramos identificar: ¿cuáles son las prácticas gubernamentales, y en qué normatividad se encuentran basadas, que afectan el desarrollo de las OSC, al grado de obstaculizar su crecimiento y consolidación? Las respuestas a esta interrogante buscan complementar las propuestas sobre el fortalecimiento de las capacidades de las OSC que recaen en el ámbito de las acciones correspondientes a las propias organizaciones sociales. Partimos de la concepción que el fortalecimiento es un proceso que se compone, por un lado, de un entorno apropiado que garantice derechos y políticas públicas efectivas para su desarrollo y crecimiento, y por otro, de facilitar el desarrollo de capacidades de gestión, articulación, sustentabilidad e incidencia (entre otros temas estratégicos y técnicos) en las propias OSC con miras a su profesionalización, pero con pleno respeto a su autonomía.

La investigación ha sido apoyada por el International Center for Non-Profit Law (ICNL) y Open Society Foundations. Es parte de un trabajo de investigación mas amplio que se desarrolló en seis países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. A través de una matriz común diseñada por el equipo de ICNL y los investigadores de los seis países, contamos con una herramienta adaptable a las diversas realidades nacionales. Formulamos cerca de 50 preguntas divididas en los tres ejes temáticos mencionados para encontrar evidencia de los efectos y relacionar estos con las políticas y/o regulaciones aplicables. Como complemento se realizó una encuesta a poco más 100 OSC de diversos estados del país para conocer como han experimentado dichos efectos de manera directa. Las encuestas se relacionan a los ejes temáticos respectivos y señalan, en la práctica, las políticas públicas restrictivas específicas que demeritan, en vez de fomentar, la consolidación y el crecimiento de la sociedad civil organizada. El estudio para el caso mexicano incluye organizaciones no constituidas y aquellas que carecen de existencia legal pero que cuentan con una estructura y un actuar permanente y, por el contrario, cuestiona la exclusión de estas últimas de los derechos derivados de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las OSC por lo que pretende su integración. Consideramos que las organizaciones que cumplen con los criterios suficientes señalados por diversas instancias internacionales, salvo su existencia legal, son reflejo de la pluralidad democrática y consideramos su exclusión de un marco normativo como violatoria del derecho constitucional de libertad de asociación mismo que solo precisa de la licitud de sus actividades y el interés público de las mismas.

Las conclusiones toman también en consideración las reflexiones emanadas del encuentro denominado “Dialogo por la construcción de un nuevo marco de fomento a las OSC”, realizado en junio de 2015 en la Universidad ORT en la Ciudad de México, organizado por Sustenta Ciudadanía y el Observatorio Mexicano de la Crisis. El encuentro reunió a líderes de OSC de varias regiones del país, académicos, funcionarios públicos y miembros del Congreso. Se incluyen entonces recomendaciones de mejora en tres ámbitos: recomendaciones para el legislativo sobre las reformas necesarias en las leyes respectivas o bien su promulgación en caso de su inexistencia; para el ejecutivo: sobre reglamentos o la carencia de estos, recomendaciones acerca del determinados espacios en el diseño de la administración pública federal (en particular los relacionados con la participación) y sobre las prácticas gubernamentales; finalmente hacia la sociedad civil se comparten acciones que las propias organizaciones pueden realizar para contribuir a la mejora de su propio marco. Destacó en el diálogo la coincidencia de opiniones en cuanto a la necesidad de un avance sustancial en cuanto a las condiciones bajo las que tienen que operar las OSC y la carencia de un marco de fomento efectivo. Así mismo se reconoce la obsolescencia y urgencia de una reforma que transforme la Ley de Fomento para contar con una legislación mucho más adecuada en la materia. En cuanto a las prácticas gubernamentales se denunció un retorno agudizado de prácticas clientelares y discrecionales en diversos espacios de relación sociedad-civil gobierno, algunos emanados desde su concepción. Finalmente, se comentó sobre la preocupante tendencia de diversos gobiernos que, lejos de reconocer su obligación de ejercer protección a organizaciones y activistas que desarrollan actividades particularmente vulnerables, son las propias fuerzas gubernamentales, o grupos financiados por los gobiernos, quienes han violado sus derechos y en casos extremos han desaparecido o asesinado a miembros de la sociedad civil organizada.

La situación en el sector social es un reflejo de la crisis de gobernabilidad que existe en México. Por lo tanto, la incidencia, el diálogo y los avances que se puedan obtener en estos ámbitos contribuiría a la construcción de un Estado democrático, sobre prácticas de gobernanza y participación amplia y efectiva de la ciudadanía, que reconozcan y faciliten el ejercicio pleno de su libertad de asociación y participación en las políticas públicas que afectan de manera directa dicho ejercicio. No obstante, se debe tener en cuenta que si las nuevas reglas no se encuentran en concordancia con los principios internacionales y procuran replicar las lamentables restricciones a las libertades civiles imperantes en otros países, algunas de las cuales también existen ya en México, la sociedad civil se verá obligada a actuar de una manera más contundente para la defensa de sus derechos. Los espacios de denuncia tanto nacionales e internacionales serán entonces un espacio recurrente de actuación para procurar un entorno acorde al interés público, mismo que anima a las organizaciones civiles y debería ser la razón de Estado imperante de las diversas instancias gubernamentales y no las viejas tentaciones asociadas al poder corporativo y clientelar.

Miguel de la Vega y Artemisa Montes

Miguel de la Vega: Director Ejecutivo de Sustenta Ciudadanía, Consultoría e investigación para el fortalecimiento de OSC. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Cuenta con estudios de especialidad realizados en México y Chile. En su carrera profesional se ha dedicado de forma exclusiva al trabajo con organizaciones de la sociedad civil (OSC). Ha participado en procesos de incidencia y articulación sobre el marco fiscal federal y la primera ley estatal sobre derechos de la infancia en Puebla. Es profesor en la Universidad ORT, Ciudad de México (dedicada al sector social) y coordinó para México el proyecto de investigación sobre el marco normativo para la sociedad civil en conjunto con el International Center for Non-Profit Law en Washington, D. C. e investigadores de seis países de América Latina. Actualmente brinda servicios de consultoría a OSC, redes, así como a fundaciones donantes y fortalecedoras en temas diversos de fortalecimiento e incidencia en política pública. Artemisa Montes Sylvan: Directora Ejecutiva de Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Doctora en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Bristol en Reino Unido; Maestra en Economía del Politécnico y de la UDLA; Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y en Administración de Empresas por la UDLA. Ha desarrollado distintas responsabilidades, tanto en el servicio público, en la iniciativa privada y en la academia, en México, Estados Unidos, Europa. Cuenta con diversas publicaciones y ha impartido conferencias en Francia, Alemania, Australia y Brasil. Actualmente es Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, este centro promueve la participación en asuntos de interés público. Integrante del Consejo Técnico Consultivo, del Mecanismo de Colaboración y del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable ha impulsado activamente la Agenda de la sociedad civil en foros como el Congreso Mexicano, OCDE, G-20, Naciones Unidas, la Agenda Post- 2015, la Alianza para el Gobierno Abierto, y Río+20.

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