Espacios, retos y pendientes para la incidencia Flor Ramírez Mejía

En las últimas dos décadas, las conexiones entre los actores estatales y los no estatales confluyen en el interés por poner en la agenda pública diversos problemas y también se distancian por excluir muchos otros, los que generan mayores inconformidades y desacuerdos en la mesa. En este período, que va de Río a Post 2015, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en su interacción con los gobiernos han oscilado entre la convergencia, la presión, el diálogo, la confrontación y  la construcción de lazos de confianza. Sin recetas, ni patrones a seguir, cada proceso de incidencia resulta para las OSC una batalla completa que deja a la vista los retos del entorno y los de las mismas organizaciones.  Comparto estas ideas, enriquecidas por mi reciente trayectoria de trabajo en  OSCs, instancias públicas, e instituciones internacionales.

En El Camino desde Río, Julie Fisher ha explicado como la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) estuvo caracterizada por la evolución de un movimiento no gubernamental con un fascinante historia de su estructura e identidad, que tuvo la capacidad de poner en la agenda internacional de los años 90s la filosofía del desarrollo participativo y el modelo organizativo de las organizaciones de base. Desde aquel momento y durante las  décadas sucesiva hubo un marcado ascenso de la sociedad civil a los espacios de incidencia del más alto nivel, no sin librar profundas discusiones que han terminado por reconocerle un rol fundamental. Los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) fungieron como una plataforma de acción para la sociedad civil organizada que crea convergencia entre gobiernos y sociedades respecto a las prioridades globales del desarrollo. El período de los ODM consolida a las OSCs en el espacio internacionales como interlocutores y expertos en los temas del desarrollo. El Programa de Acción de ACCRA (No. 20, 2008) habla de las OSCs como actores del desarrollo por derecho propio, cuyas iniciativas complementan las de los gobiernos y el sector privado.  Mientras que en Busan (No. 22, 2011) confluye la voluntad de los gobiernos para reconocer que las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica.

El actual contexto, en el que el anuncio de la agenda post 2015 está por concretarse, OSCs de todo el mundo se han unido para expresar sus posición más allá del 2015 (Beyond 2015). No cabe duda que los espacios de cabildero e incidencia internacionales han dado un rol fundamental a las OSCs en la definición de agendas. ¿Cuáles son los factores que todavía imposibilitando las acciones de incidencia de las OSCs?

 Espacios de participación acotados que no siempre significan incidir

Si bien la incidencia en las políticas públicas es una opción para el amplio rango de OSCs, se trata de una decisión institucional acorde con la misión y la disponibilidad de ciertos recursos, hay factores de contexto que dificultan optar por esta vía de acción. Desde Busan se señala habla de un ambiente habilitante para las OSCs que facilite el derecho a la libre asociación, la liberad de opinión y la participación en el ciclo de las políticas públicas.  En el caso de México, debe reconocerse la existencia de instancias públicas de deliberación (Hevia, 2011) como los mecanismos consultivos para actores gubernamentales en las que las OSCs, junto a otro tipo de actores como académicos y confederaciones patronales, tienen la posibilidad de asesorar en el diseño o implementación de políticas públicas. La Ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, reconoce a las OSC (Art .6) los derechos a integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal.  Si bien este tipo de  figuras en la ley son una pauta inicial para llevar a la práctica acciones que fomenten la interlocución entre los tomadores de decisiones y la sociedad civil organizada, resulta claro que la credibilidad respecto a estos mecanismos es constantemente cuestionada. Para las OSCs participar en ellos no siempre significa incidir y muchas veces les expone a múltiples cuestionamientos públicos.  Por otra parte, la operatividad de estos mecanismos se concentran a nivel federal, lo cual  introduce un filtro que operativamente fragmenta y limita el acceso a un número  significativo de OSCs.  De ahí que los espacios de participación estatales representan en este contexto un enorme campo de acción, pues es en lo en donde las políticas públicas se vuelven tangibles o invisibles. Es en dicho espacio donde deberían de fortalecerse los mecanismos de diálogo e interlocución respecto a las políticas. En contraste, si bien hay interesantes historias de éxito sobre la capacidad de incidencia estatal y comunitaria de diversas redes, las OSCs  y los gobiernos tienen todavía  un largo camino por recorrer  en la creación de espacios para el fortalecimiento, la vinculación y la construcción de agendas.

Movilizaciones y vínculos con los ciudadano/as de a pie

La reciente ola de protestas en diversas regiones del mundo transmite una sensación de crisis y rompimiento con cierta estabilizada en la estructuras de gobernanza global y nacional.  De acuerdo al más reciente informe de CIVICUS (2014), las instituciones de gobernanza no se organizan ni están lo suficientemente abiertas a las voces de la gente. Esta apreciación también tiene mucho de cierto en los contextos nacionales, en México hemos sido testigos del descontento y frustración de un amplio sector de la población respecto a la situación de derechos humanos. La ciudadanía se vuelva a las calles para exigir cambios institucionales que den solución inmediata a situaciones y casos específicos. Las OSCs que  por mucho tiempo han sido voceras tradicionales de demandas sociales más amplias, enfrentan importantes retos ante los nuevos movimientos sociales que por su espontaneidad, no logran siempre articularse con las agendas y procesos de incidencia de las OSCs. La presión social de la protesta se ha decantado por un activismo que también trasciende las vías tradicionales, la difusión de mensajes en redes sociales y la cobertura mediática, van siempre un paso adelante de la planeación requerida para fijar una agenda de incidencia. Este desfase hasta cierto punto natural, genera la posibilidad de importantes preguntas. ¿Hasta qué punto las organizaciones estamos dónde el ciudadano/a de a pie quiere estar? De alguna manera las OSCs han sido ese sector que establece contrapesos al ejercicio de poder cuando la corrupción, la impunidad y la discrecionalidad ensombrecen el equilibrio democrático, quizá eso indique que otras estrategias de incidencia son necesarias.

Lo público, visiones y agendas

Hay también razones internas y de conceptualización en la acción de incidir que pueden constituir un obstáculo. Partiendo de la idea que la legitimidad de hacer incidencia para las OSCs proviene de su capacidad para contribuir a la creación de bienes públicos. Cuando las OSCs hacen incidencia, en un modelo democrático, lo hacen pensando en fortalecer el ejercicio ciudadano, monitorear efectivamente la administración de los bienes públicos e influir la derrama de mayores beneficios para la ciudadanía. Una de las mayores dificultades a la hora de hacer incidencia es el cómo queremos incidir y con qué objetivo lo hacemos ¿queremos las OSCs se consejeras, asesoras, ejecutoras, controladoras, evaluadoras de los bienes públicos? Probablemente, hay coyunturas que permitan hacer más de una opción, no obstante en la fase de diseño y articulación de los procesos de incidencia, las OSCs agotan su potencial, se dividen o llegan a declinar los procesos debido a que el resultado y objetivo no tiene la capacidad de conectar con la idea de generar bienes públicos y tampoco con los fines últimos de la organización.  Sin agostarte en los marcos tradicionales, las OSCs tienen el enorme reto de diseñar procesos que por un lado contribuyan a la generación de bienes públicos, pero que también sean incluyentes y respetuosos de sus principios y visiones. Un paso más allá es esperar que estos procesos generen beneficios tangibles a las poblaciones, públicos y membrecías con las que trabajan. La tarea no es fácil y mucho depende de la experiencia, las habilidades y los recursos (humanos e institucionales) que cada OSCs asigne al tema, pero parece muy cierto que se debe trabajar más en cerrar las brechas existentes entre lo público, las agendas y las visiones institucionales.

Flor Ramírez Mejía

Flor Ramírez tiene la nacionalidad salvadoreña y mexicana. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y cuenta con dos especialidades; una en Diplomacia y Asuntos Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores en Madrid, España y, la segunda, en Patrimonio de la Humanidad y Proyectos Culturales para el Desarrollo, por el Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia. Anteriormente, trabajó para el Gobierno Mexicano, en la Procuraduría General de Justicia y para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en ámbitos de cultura, comunicación social y servicios sociales. Además cuenta con amplia experiencia en trabajo con organizaciones de la sociedad civil mexicana para el desarrollo e implementación de proyectos en desarrollo social. Actualmente se desempeña como Directora a nivel nacional de la organización Alianza Heartland México, filial de Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights (HA) con sede en Chicago, en la cual dirige los tres programas prioritarios de la organización en Monterrey, Guadalajara y Pátzcuaro, bajo los ejes de empoderamiento de la juventud, acceso a la salud y género

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